Los entramados de la UNGRD desde su creación.
El 31 de marzo de 1983, a las ocho de la mañana, un terremoto de magnitud 5.6 sacudió Popayán, dejando a su paso cifras devastadoras. Alrededor de 1500 personas heridas y más de 250 fallecidos fue el saldo del sismo, además de 4.964 construcciones destruidas. Dos años después, otro fenómeno natural dejó en vilo a la nación. El 13 de noviembre de 1985 el volcán del Nevado del Ruiz entró en erupción generando una avalancha que se llevó consigo el pueblo de Armero y la vida de 25.000 personas que murieron en lo que se le conoce como la tragedia de Armero. Estos acontecimientos llevaron a la necesidad de crear un sistema de prevención de desastres y fue así como mediante la Ley 46 de 1988 y el Decreto 919 de 1989 se creó el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD). Sin embargo, no fue sino hasta el año 2011 que se hizo la transición de ese sistema a lo que hoy conocemos como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), mediante el Decreto 4147 de 2011 y la Ley 1523 de 2012.
Actualmente, esta misma entidad es objeto de masivas polémicas que involucran miles de millones de pesos y, además, a lo largo de su historia se ha caracterizado por estar en el ojo mediático debido a su escasa vigilancia en el uso de los recursos públicos.
¿Cuáles han sido las principales polémicas de la UNGRD y cómo terminó metida en el escándalo que llevó al pago de coimas para pasar las reformas?
Caso Mocoa:
En abril de 2017, en Mocoa, Putumayo, una avalancha producto del desbordamiento de varios ríos causó la muerte de 336 personas y dejó más de 22.000 damnificados. De inmediato, se le ordenó a la UNGRD estructurar un plan de reconstrucción de las zonas afectadas y de las viviendas destruidas en el desastre.
A pesar de lo prometido, el Gobierno incumplió a cerca de 900 familias afectadas con la entrega de sus viviendas, según un informe publicado por El Tiempo en octubre del año pasado. Cansados de la espera, 556 familias decidieron tomar sus terrenos y ellos mismos comenzaron a construir sus casas en un asentamiento dispuesto para la reconstrucción de las viviendas de los damnificados llamado Sauces II.
En agosto de 2023, la Contraloría anunció la apertura de procesos sancionatorios contra funcionarios de la UNGRD por el caso Mocoa. Sin embargo, el proceso parece tener una segunda parte pues la entidad abrió una nueva investigación. En este caso, por responsabilidad fiscal referente a $24.315 millones por irregularidades en la construcción de las viviendas en Sauce II, Putumayo. Al proceso se vincularon 6 exdirectores de la UNGRD como presuntos responsables: Eduardo José González, Javier Pava Sánchez, Olmedo López Martínez, Fernando Carvajal Calderón, Gerardo Jaramillo Montenegro y Luis Fernando Velasco. Algunos de estos ejercían como directores encargados de la entidad.
La Contraloría declaró que el incumplimiento en la entrega de las viviendas para los damnificados que integran el proyecto Sauces II ha causado un detrimento patrimonial de $5.748.316.667 por concepto de pagos de subsidios prolongados.
Hoy, el proceso que lleva la Contraloría continúa y parece que cada vez se anexan más actores al caso que unta a los Gobiernos de los Presidentes Santos, Duque y Petro.
Caso San Andrés:
El 16 de noviembre de 2020, el huracán Iota impactó el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Las afectaciones en las islas fueron devastadoras, pero en cada isla con diversa gravedad.
Los más perjudicados fueron los habitantes de las islas de Providencia y Santa Catalina, en donde murieron 4 personas y el 98% de la infraestructura quedó destrozada. La UNGRD reportó que en Providencia, de las 1.259 casas evaluadas, 78 mantuvieron su estructura, mientras que 569 quedaron en ruinas.
El artículo 11 de la Ley 1523 establece que el director de la UNGRD debe actuar como el agente del Presidente de la República en los asuntos que compete a los desastres naturales, como lo fue el del huracán que devastó el archipiélago. Sin embargo, en un informe presentado por Transparencia Colombia en abril de 2022, se dejan ver varias irregularidades en el proceso de reconstrucción y restauración de las zonas afectadas en las islas.
El Plan de Acción Específico (PAE), es una guía de la normativa para catástrofes naturales como la presentada en este caso, en la cual se define la ruta a seguir durante la respuesta, rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas. En esta se define el papel de cada entidad durante los proyectos de recuperación, aunque en todos los casos la UNGRD es la encargada de coordinar a los diferentes actores que participen.
Las irregularidades en el proceso se empezaron a conocer desde que la UNGRD publicó el Plan de Acción Específico para la Reconstrucción del Archipiélago (PAERA), lo que equivale al PAE, pero para este caso en específico. La guía técnica estipulada por la propia UNGRD establece que la elaboración del PAE debe realizarse de acuerdo a dos insumos: primero, la evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y segundo, el registro Único de Damnificados (RUD).
En este caso, las autoridades correspondientes, como lo son la UNGRD, la Alcaldía y la Gobernación, no publicaron a tiempo el EDAN y la poca información que se tenía del mismo no correspondía con el PAERA. Mientras que el RUD se presentó el 15 de marzo de 2021, un mes después que el PAERA
Además, la guía técnica del PAE contiene tres fases, Respuesta, Recuperación Temprana y Recuperación, a diferencia del PAERA que contiene solo dos: Reconstruccion e Intervención Estratégica, lo que deriva en la eliminación de un paso y demoras significativas en las obras urgentes.
Por último, el PAERA contabilizaba la intervención de 4.479 viviendas. Pero el boletín 204 publicado el 12 diciembre de 2020 de la UNGRD mostraba una cifra muy inferior a la presentada en el primer informe y establecía que era necesario recuperar un total de 1.976 casas. ¿Qué pasó con las 2.503 casas restantes que en un principio se iban a rehabilitar?
La investigación presentada por Transparencia Colombia, subraya tres irregularidades importantes. La primera de ellas relacionada con la presentación del PAERA, en donde la UNGRD fallo en la presentación y correspondiente publicación del EDAN y del RUD. Lo que crea dudas acerca de la elaboración del PAERA, que establece que se debe conformar del EDAN y del RUD, procedimiento que parece que la UNGRD no cumplió. En segundo lugar, la falta de pasos a seguir en este tipo de desastres, el PAERA presentado contenía dos pasos, mientras que las guías técnicas estipulan que debe contener tres. Por último, los informes presentados por la misma UNGRD no concuerdan en el número de viviendas a rehabilitar. Aunque todos estos datos parecen muy técnicos, es importante recalcar que estas irregularidades y poca claridad en la información publicada, conlleva a incumplimientos y posibles entramados dentro de los proyectos de rehabilitación en la zona del desastre.
Caso La Mojana - Dique “Caregato”.
En el año 2021, el dique “Caregato”, ubicado en el municipio de San Jacinto del Cauca (Bolívar), que contenía aguas del río Cauca se rompió y dejó a su paso 254 mil damnificados. Tristemente, hace una semana, por negligencia del Gobierno y una mala gestión del entonces Director de la UNGRD, Olmedo Lopéz, el desastre se repitió. En este caso, después de que el río Cauca desbordara los improvisados costales situados en el dique para contener el agua, quedaron a su paso 35.000 hectáreas de cultivo perdidas, 400 familias damnificadas y aproximadamente 50.000 cabezas de ganado afectadas.
Enrique Martínez Alemán, líder social y presidente de la Asociación Ganadera de la Mojana, le explicó a la Revista Semana lo sucedido.
El ganadero explicó que todo empezó “con la adjudicación de un contrato por parte de la UNGRD, a cargo de Olmedo López”, para tapar el dique a finales de 2023. Pero luego de algunos meses los trabajos se detuvieron y “el propio contratista saco un mensaje en el que aseguró que se estaba quedando sin plata para tapar” el dique. Los habitantes de la zona expresaron su preocupación al ver filtraciones de agua y que los trabajos no continuarán, más aún porque “en el mes de mayo venían lluvias” y “el río Cauca sube su nivel”, a lo que el contratista siempre respondió que “estaba esperando el dinero del anticipo”.
Pues no fue hasta que ocurrió el desastre que se conoció la verdad sobre el contrato adjudicado por Lopéz, en donde el nuevo director de la UNGRD, Carlos Carrillo, le mostró a la población como, en efecto, si se le había pagado un anticipo de 25.000 millones al contratista. Según Martínez, el proyecto “lo aprobaron por 130.000 millones”, lo que hubiera alcanzado para tapar “ diez Caregato y nos sobraba”. Además, este asegura que desde entonces el contratista no ha “vuelto a dar la cara”.
La contraloría por su parte anunció el embargo a funcionarios de la UNGRD por posibles irregularidades en el tratamiento de la emergencia, que afecta a cuatro departamentos: Antioquia, Sucre, Bolívar y Córdoba.
Caso carrotanques - Reformas:
El escándalo de los carrotanques ha derivado en un sin fin de polémicas. Lo que parecía ser una solución para una de las regiones más pobres de Colombia como lo es la Guajira, terminó por ser uno de los escándalos más llamativos de los últimos años. El escándalo empezó por un contrato otorgado por la UNGRD, en cabeza de Olmedo Lopéz, para la compra de 40 carrotanques. Las sospechas empezaron cuando se conoció que el valor total del contrato fue por $46.800 millones, lo que derivaría en una investigación por el importante sobrecosto. A pesar de que la Procuraduría le abrió un proceso a Olmedo Lopéz, en marzo de este año, por el caso de los carrotanques, el entramado que se conoció hace tan solo un par de semanas involucra tanto a exfuncionarios de la UNGRD, como a altos funcionarios del Gobierno y al Congreso.
Sneyder Pinilla, Subdirector de la UNGRD, fue la pieza clave para descubrir todo el escándalo y gracias a sus declaraciones en la Revista Semana se pudieron conocer los detalles del entramado. El ex-funcionario de la UNGRD, ya testificó ante la Fiscalía y desde que dio a conocer los detalles del caso se ha conocido la participación de múltiples actores, como lo son el Ministro del Interior Luis Fernando Velasco y Carlos Ramón González, Director Nacional de Inteligencia. Este último, al parecer es una ficha importante dentro de la investigación por supuestamente dar la orden de sobornar a Iván Name con $3.000 millones de pesos y a Andrés Calle con $1.000, con el objetivo de pasar las reformas sociales.
Olmedo Lopéz ya declaró ante la Fiscalía, en busca de un principio de oportunidad. Antes de hacerlo dijo lo siguiente: “Soy un convencido del cambio (...), se aprovechan de mi silencio. Pues ya no más. No se los voy a permitir”. Sin embargo, se ha conocido en los últimos días una denuncia del ex director de la UNGRD ante la Fiscalía, en donde advierte que el pasado 29 de abril cuatro hombres entraron a la empresa familiar, Comercializadora Practimax, ubicada a las afueras de Medellín y se llevaron dos cajas fuertes con documentos y 22 millones de pesos. Aunque no se estipula que el robo tenga alguna conexión con el escándalo de los carrotanques, si se han levantado sospechas que sea una advertencia para Lopéz, quien tiene información privilegiada del entramado. Además, a esto se le suma la advertencia de la Contraloría en donde denunció la pérdida de 5.710 cajas relacionadas a archivos y quejas importantes de la UNGRD.
La Fiscalía y los respectivos entes de control continuarán la investigación del escándalo de los carrotanques, pero de continuar el proceso encaminado, no hay duda de que nuevos actores surgirán. Será cuestión de tiempo para conocer más detalles de lo que es uno de los mayores escándalos del Gobierno Petro.
Estos son tan solo algunos de los escándalos que han tocado a la UNGRD en los últimos años, bajo distintos directores y Gobiernos. La realidad es que la entidad ha sido partícipe de muchos escándalos desde su creación y lo que se evidencia es que el control sobre los recursos públicos que dispone es mínimo. El último escándalo de los carrotanques, es sin duda alguna un llamado de atención a los entes de control, quienes tendrán que seguir muy de cerca el accionar de esta entidad, que después de todo es la encargada de proteger a los más vulnerables luego de algún desastre natural. Esto tiene que ser de carácter urgente pues el cambio climático plantea una vertiente preocupante, con un aumento notable de fenómenos extremos y desastres naturales que ponen en vulneración a la población. El Presidente Petro ha pedido investigar el accionar de esta entidad desde el Gobierno Santos hasta el suyo y después de conocer tan solo unos pocos casos de irregularidades conectados a la Unidad de Riesgos parece improbable que en los próximos meses no se den a conocer más escándalos que pongan en el ojo del huracán a la hoy muy polémica UNGRD.