Las chuzadas a la Corte Constitucional: Una amenaza contra la democracia.
La semana pasada, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, declaró a través de sus redes que tanto él, como su familia y su equipo de trabajo han sido sujetos a interceptaciones ilegales por parte de la inteligencia del Estado. La denuncia del magistrado fue recibida por la Fiscal Luz Adriana Camargo la semana pasada, tras dos reuniones con los magistrados de la Corte Constitucional, lo que dio pie a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía. Las altas Cortes se pronunciaron al respecto y rechazaron categóricamente las interceptaciones ilegales a los magistrados. El Gobierno ha rechazado estas intercepciones, pero los magistrados han declarado que se sienten “inseguros y perseguidos” por el Gobierno Petro.
Todo comenzó cuando el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibañez denunciaba a través de su whatsapp chuzadas a sus dispositivos personales. “Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado", fue el mensaje que compartió el magistrado a través de sus redes.
Dentro de la denuncia el magistrado reveló varios detalles preocupantes y que relacionan tanto a su familia, como a su equipo de la Corte. El magistrado aseguró que desde hace dos meses funcionarios “adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República” han realizado “seguimientos con fines de perfilamiento” a su esposa. Mientras que sobre su equipo de trabajo dijo lo siguiente; “También he verificado que han sido intervenidas las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho”.
Créditos: Corte Constitucional - Magistrado Jorge Enrique Ibañez
Aunque el senador de Cambio Radical, David Luna, viene haciendo denuncias desde hace algún tiempo sobre supuestas interceptaciones ilegales provenientes de la Casa de Nariño. Ninguna denuncia había sido tan seria como la presentada por el magistrado. La semana pasada se llevó a cabo en el Senado de la República, un debate de control político en donde estuvo presente el Director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González.
Durante su intervención en el debate el senador Luna, le preguntó a González “si era cierto si o no”, que desde el DNI estaban “perfilando, chuzando, haciendo seguimientos a periodistas, a militares en uso de buen retiro y a miembros de la oposición”. La respuesta causó preocupación, el Director del DNI aseguró que bajo su mando no, pero que no le constaba si su antecesor o otros directores antes que él lo hubieran hecho.
La realidad es que los fantasmas de las chuzadas, se han sentido desde el principio del mandato de Gustavo Petro. Antes que González fuera posesionado por el Presidente, el director del DNI era Manuel Alberto Casanova. Algo que tienen en común los dos directores del DNI a cargo del Gobierno del Cambio, es que los dos compartieron con él en el M-19.
La denuncia de Ibañez se convierte así en una prioridad para la Fiscal, quien deberá actuar con celeridad y resolver esta denuncia lo antes posible. Desde las Cortes, según lo publicado por la Revista Semana y por el periodico El Tiempo, los magistrados de las diferentes Cortes de la Rama Judicial se sienten atemorizados y presionados por el Gobierno.
No es ningún misterio que la relación de las Cortes con el Gobierno Petro no ha sido la mejor. El Presidente se ha manifestado en contra de la Corte Constitucional por sus fallos, especialmente los relacionados con la reforma tributaria, a la cual le bloqueo varios artículos y sobre el ministerio de la mujer el cual tumbó por errores en su constitución. Además, el ministerio de hacienda recortó el presupuesto de la Rama Judicial, lo que fue visto como un ataque contra la división de poderes por parte del Gobierno.
Pero la Corte Constitucional no ha sido la única que ha tenido sus controversias con el Gobierno. Es de recordar que en febrero, cuando se realizaba la elección de Fiscal, manifestantes bloquearon el Palacio de Justicia y no permitieron que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia salieran del recinto. Las manifestaciones fueron producto de declaraciones incendiarias del Presidente, quien en su momento dijo; "la protesta del pueblo no es contra la justicia, sino contra la mafia que se toma la justicia”.
Varios magistrados expresaron su inconformidad por la presión que el mandatario estaba poniendo sobre la sala para elegir Fiscal. El Presidente de la Corte, Gerson Chaverra denunció en varias oportunidades los bloqueos contra los magistrados e incluso el magistrado Gerardo Botero envió una carta a la ONU, para denunciar el comportamiento del ejecutivo.
Por su parte desde la Casa de Nariño, como es costumbre, se dedicaron a minimizar los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia y a justificar los bloqueos, mientras negaban a toda costa cualquier presión para elegir Fiscal por su parte.
Pues desde la Corte Suprema también se han sentido “vigilados” por el Gobierno e incluso le han reclamado a la Policía la disminución de efectivos en las inmediaciones del Palacio de Justicia. Lo mismo dicen desde la JEP, en donde también le han pedido a la Policía reforzar su seguridad.
El Consejo de Estado tampoco le ha temblado la mano y ha fallado sin dubitativas contra congresistas del Pacto Histórico. Tal como lo hizo al retirar del cargo a Roy Barreras y a Alexánder López, por doble militancia.
Ha sido por este tipo de decisiones, que militantes del Pacto Histórico han atacado constantemente a la rama judicial, el representante Alfredo Mondragón ha dicho que “enfrentan una arremetida jurídica y mediática nunca antes vista contra la organización política”.
En el transcurso del día de ayer, se reunió el director del DNI con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra. Las conclusiones de González sobre la reunión con el magistrado, no son sorprendentes y se apegan al libreto de la Casa de Nariño.
El director del DNI, aseguró que tras lo publicado por los medios de comunicación tan solo hay una denuncia específica y es la compartida por el magistrado Ibáñez, la cual será investigada por la Fiscalía. Así también defendió la entidad que preside y dijo que “desde el DNI no se hace, ni ha hecho, ni hará este tipo de actividades”.
En defensa del Gobierno declaró que, “Este gobierno le da garantías a los ciudadanos, a los magistrados, a los periodistas y a la oposición de que no perseguimos a la oposición. Hasta ahora, las investigaciones se están haciendo y hasta que no se determine el responsable, pues no se puede decir que efectivamente se está accediendo a este tipo de actuaciones”.
Finalmente González, minimizó las denuncias de los magistrados de las diversas Cortes y declaró que “la gran mayoría de las versiones sobre presuntas interceptaciones son rumores”.
La Procuraduría también abrió una investigación por el caso de las “chuzadas” y el día de hoy desde el DNI, el Gobierno ya ha empezado a mover sus fichas. El director del DNI confirmó la salida del Coronel Edwin Chavarro Rojas de la entidad, quien “hacía parte de una de las direcciones de inteligencia” y sobre quien recaen señalamientos directos por parte de los magistrados, según afirmó González.
La realidad es que las Cortes han sido unas de las principales responsables de mantener el equilibrio de poderes y no se han dejado intimidar ante el Gobierno de Gustavo Petro. La Fiscalía, efectivamente, será la responsable de determinar si las denuncias de los magistrados son fundamentadas. Pero es de recalcar, que las presiones e intimidaciones por parte del Gobierno han sido evidentes y sería muy preocupante que se compruebe que desde la Casa de Nariño la inteligencia estatal esté interceptando a las altas cortes.
